El 20 por ciento de mujeres con discapacidad afirman que el hogar es el lugar donde se ejerce mayor discriminación, violencia y acoso sexual, de acuerdo al estudio denominado “Estado de Situación de la Mujeres con Discapacidad” de la Defensoría del Pueblo.
“La vergüenza y la sanción social hace que no se denuncie a los autores (de agresión y violación) que a veces son los padres, padrastros, tíos, primos, padrinos u otros familiares, quienes abusan de las mujeres con discapacidad y nadie dice nada”, según Bety Pinto, investigadora del Defensor del Pueblo.
Según datos del estudio, el 23 por ciento de las mujeres encuestadas no responde y un 12 por ciento señala que nadie ejerce violencia contra ellas. El informe resalta la violencia que se ejerce por la familia, el 20.9 por ciento de las encuestadas lo dice; esta causal ocupa el primer lugar. Los principales agresores, según el documento, serían el papá, la mamá, los hermanos, seguidor en importancia por otros familiares, como nietos, sobrinos, tíos, cuñados, madrastra y padrastro.
De manera diferenciada el estudio menciona la violencia que ejerce la pareja: un 10.6 por ciento admite haber sufrido violencia por parte de su pareja, un 39.9 por ciento señala que no, y un 24.6 por ciento informa no tener pareja.
“La violencia intrafamiliar hacia las personas con discapacidad es altísima, por ejemplo, en la discapacidad visual aumenta la violencia sexual; los embarazos no deseados se incrementan en mujeres con discapacidad auditiva y aún más en las mujeres que tienen discapacidad intelectual”, describió Pinto.
La violencia sexual tiene también una directa relación con el tipo y grado de discapacidad, factor que influye para que la violencia asuma determinadas modalidades e intensidad. La violencia es una práctica asociada a la infravaloración que les asigna un lugar o un “no” lugar social a la persona, por el no reconocimiento de su condición humana y, por tanto, de sus derechos humanos; puede llegar a los límites extremos de la violencia física, psicológica y sexual.
Los datos del estudio son contundentes, en cuanto a la intensidad en que se presenta la violencia sexual contra las mujeres con discapacidad, al encontrarse cultural y socialmente poco valoradas y en el marco de una radical negación de sus derechos elementales. Es un hecho indiscutible la vulnerabilidad y desprotección familiar, institucional, legal y social en las que se encuentran las mujeres con discapacidad.
Las condiciones de vida de las mujeres con discapacidades pobres, indígenas, con bajos grados de instrucción y entornos culturales de dominio indiscutible masculino, las colocan en situaciones de mayor riesgo, concluye el informe. (Con información de PIEB).
Fuente: Periódico Digital Erbol
“La vergüenza y la sanción social hace que no se denuncie a los autores (de agresión y violación) que a veces son los padres, padrastros, tíos, primos, padrinos u otros familiares, quienes abusan de las mujeres con discapacidad y nadie dice nada”, según Bety Pinto, investigadora del Defensor del Pueblo.
Según datos del estudio, el 23 por ciento de las mujeres encuestadas no responde y un 12 por ciento señala que nadie ejerce violencia contra ellas. El informe resalta la violencia que se ejerce por la familia, el 20.9 por ciento de las encuestadas lo dice; esta causal ocupa el primer lugar. Los principales agresores, según el documento, serían el papá, la mamá, los hermanos, seguidor en importancia por otros familiares, como nietos, sobrinos, tíos, cuñados, madrastra y padrastro.
De manera diferenciada el estudio menciona la violencia que ejerce la pareja: un 10.6 por ciento admite haber sufrido violencia por parte de su pareja, un 39.9 por ciento señala que no, y un 24.6 por ciento informa no tener pareja.
“La violencia intrafamiliar hacia las personas con discapacidad es altísima, por ejemplo, en la discapacidad visual aumenta la violencia sexual; los embarazos no deseados se incrementan en mujeres con discapacidad auditiva y aún más en las mujeres que tienen discapacidad intelectual”, describió Pinto.
La violencia sexual tiene también una directa relación con el tipo y grado de discapacidad, factor que influye para que la violencia asuma determinadas modalidades e intensidad. La violencia es una práctica asociada a la infravaloración que les asigna un lugar o un “no” lugar social a la persona, por el no reconocimiento de su condición humana y, por tanto, de sus derechos humanos; puede llegar a los límites extremos de la violencia física, psicológica y sexual.
Los datos del estudio son contundentes, en cuanto a la intensidad en que se presenta la violencia sexual contra las mujeres con discapacidad, al encontrarse cultural y socialmente poco valoradas y en el marco de una radical negación de sus derechos elementales. Es un hecho indiscutible la vulnerabilidad y desprotección familiar, institucional, legal y social en las que se encuentran las mujeres con discapacidad.
Las condiciones de vida de las mujeres con discapacidades pobres, indígenas, con bajos grados de instrucción y entornos culturales de dominio indiscutible masculino, las colocan en situaciones de mayor riesgo, concluye el informe. (Con información de PIEB).
Fuente: Periódico Digital Erbol
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